Es lo que ha planteado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una entrevista concedida a la Cadena Ser. Para poder exigir esas responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos se propone impulsar cambios legales en la Ley de Transparencia del Gobierno.

Según sus declaraciones, un gestor público "no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto" porque si lo hace estaría falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.

La entrevista se produjo después de la reunión del primer Consejo de Política Fiscal y Financiera de la era Rajoy, en el que el gobierno se comprometió a abrir una línea de financiación del ICO para que las regiones con problemas de liquidez puedan pagar a los proveedores. Para acceder a esa nueva línea, las comunidades deberán negociar con el Gobierno central y presentar un plan de ajuste adicional.

La nueva Ley de Estabilidad incluirá un régimen sancionador para las comunidades que no cumplan, y además de multas económicas, el ministro de Hacienda señaló que el Ejecutivo podrá tutelar la economía de aquellas regiones que incumplan repetidamente los objetivos de déficit.